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Actualización Ley de ocupas – El gobierno español agiliza el procedimiento de desalojo

Puede que haya escasez de vivienda en algunas partes de España, pero la ocupación ilegal de propiedades por parte de los llamados okupas, que se instalan en casas vacías, se ha convertido en un grave problema tanto en las ciudades como en los pueblos. Tanto es así que se ha convertido en una cuestión política que se debate intensamente en el Parlamento, con los propietarios exigiendo que se les conceda una mayor protección y el partido de extrema izquierda Podemos, que forma parte del gobierno de coalición en el poder, resistiéndose a cualquier medida efectiva de desalojo.

Ley de ocupas – El gobierno español agiliza el procedimiento de desalojo

Hasta ahora, eso sí, ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acaba de anunciar la agilización del proceso de desahucio. Actualmente, la policía tardaba un mínimo de 48 horas en intervenir en el desalojo de los ocupantes ilegales. Esto, en la práctica, solía dar a los ocupantes tiempo suficiente para afianzarse, pero al suprimir el requisito de las 48 horas las autoridades podrán reaccionar con mucha más rapidez y eficacia.

Dicho esto, el gobierno subraya que la policía sólo intervendrá en los desalojos en los casos en que la ocupación sea reciente y suponga una clara violación de los derechos de propiedad. Al eliminar los largos procedimientos legales necesarios para llegar a este punto, el Gobierno reconoce la gravedad de un problema que no ha dejado de crecer en los últimos años. Además, el nuevo protocolo también incluye mayores poderes para investigar a las llamadas mafias Okupa y castigar el robo de electricidad y otros servicios públicos.

Sin embargo, también puede haber casos más ambiguos que queden fuera del ámbito del desalojo inmediato, y esto se aplica cuando se considera que los intrusos son especialmente vulnerables desde el punto de vista económico o social, como cuando hay niños con ellos. En estos casos, el proceso se convierte en un proceso judicial más largo, en el que también intervienen los servicios sociales.

A pesar de ello, la nueva directiva supone un paso muy importante en la dirección correcta para los propietarios de viviendas en España, y señala un cambio de rumbo significativo que, esperemos, haga que las cosas cambien a su favor.

Por Alex Salazar | Noticias Inmobiliarias | 28 octubre 2020

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