España da un giro de 180 grados en la legislación de los alquileres de larga temporada

Los últimos meses han sido tumultuosos en cuanto al mercado de alquileres de larga temporada en España. El anterior gobierno de derecha había intentado abordar los problemas de ocupación ilegal que sufrían los propietarios, que a menudo se enfrentaban a meses o incluso años de procedimientos antes de que los ocupantes ilegales o los inquilinos que no pagaban o destrozaban las casas pudieran ser desalojados. El gobierno provisional de izquierda consideró que esto había llevado el equilibrio de poder demasiado lejos a favor de los propietarios y promulgó una nueva legislación que efectivamente restablecía el statu quo anterior.

La antigua nueva ley

Por una parte, las nuevas leyes han ampliado el período de renovación obligatoria de tres años en los alquileres de larga temporada más un año de renovación tácita a cinco y tres años respectivamente. En el caso de las entidades comerciales o sus representantes que alquilan propiedades, los períodos se han ampliado a siete y tres años, mientras que la suma máxima de depósito que se les permite se ha fijado en el equivalente a dos meses de alquiler. Además, toda comisión a las agencias inmobiliarias debe ser pagada por el propietario de la propiedad, no por el inquilino. Respecto a los alquileres vacacionales o alquileres de corta temporada, si una mayoría del 60% de los votos de la comunidad de propietarios de una urbanización, los propietarios que alquilan su propiedad a corta temporada podrían ver un aumento de su cuota de comunidad del 20%, ya que se considera que el ir y venir de los turistas supone una carga adicional para los recursos y servicios de la comunidad.

Una comunidad de propietarios también puede, con el mismo margen de votos, votar para declarar su urbanización libre de alquileres vacacionales, lo que significa que sus propietarios no pueden alquilar sus casas a corto plazo. Algunos propietarios se han alarmado con los nuevos cambios y muchos han comenzado a retirar sus propiedades del mercado de alquileres (de larga y corta temporada), ya que consideran que ya no vale la pena alquilar sus propiedades. Como consecuencia de la disminución de alquileres disponibles, los precios de los alquileres han ido aumentando y, como resultado, los buenos inquilinos que cuidan las propiedades y pagan a tiempo han sido castigados.

La nueva Antigua ley

Tal fue la reacción que después de sólo un mes, la «vieja nueva» ley h sido rechazada por una mayoría del Congreso el 22 de enero de este año. Esto significa que, una vez más, hemos vuelto a donde estábamos antes – en este caso, las regulaciones que estaban en vigor antes de la última serie de cambios en diciembre de 2018. Cualquier contrato firmado entre el 19 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019 cae dentro de las nuevas y antiguas estipulaciones, pero a partir de ahora, volvemos a donde estábamos antes de la anterior ronda de cambios.

Los propietarios de viviendas, especialmente los que alquilan larga temporada, se aliviarán, pero la confusión revela lo profunda que es la división ideológica en España, y la vivienda está, por supuesto, en el centro de un debate social que se remonta a la década de 1920 o aún antes. Los líderes de la extrema izquierda del gobierno querían presionar para que se dictaran más sentencias contra los propietarios, pero el hecho de que el conjunto de leyes fuera derogado en el Congreso -sólo la cuarta vez que esto ocurre en los últimos 40 años- les habrá quitado el aliento. El impacto negativo inmediato de la oferta y el precio descrito anteriormente es, sin embargo, la verdadera razón por la que España en su conjunto debería estar contenta de que haya sido descartada. Aquellos que alquilan sus propiedades se sienten aliviados ya que están mejor protegidos de nuevo, pero como siempre, tanto el inquilino como el propietario estarán mejor protegidos por un contrato equilibrado que actúa en el interés de ambas partes.

Por Alex Salazar | Noticias Inmobiliarias | 13 mayo 2020

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