El actual gobierno del PSOE ha cometido muchos (la mayoría) errores en el manejo de la crisis de la vivienda en España. Y, para ser justos, no son los únicos en sus fracasos. Pero a veces, hay que dar crédito donde se merece.
El 4 de junio se envió una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de todas las comunidades autónomas. El propósito es dar inicio a las negociaciones para un nuevo Acuerdo Estatal de Vivienda. Y, de hecho, contiene algunas propuestas productivas.
Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la transparencia.
La política de vivienda en España es un asunto complicado, al igual que todo lo demás, debido a los muchos niveles de gobierno existentes y a la división de responsabilidades entre ellos. Está el gobierno nacional, las comunidades autónomas, los gobiernos provinciales y, por supuesto, los gobiernos locales.
Muchas áreas tienen responsabilidades divididas, con algunos aspectos a nivel nacional y otros a niveles más locales. De ahí la necesidad de negociaciones para establecer prioridades que sean aceptables para todos.
La carta en sí está centrada en lo que Sánchez describe como tres pilares clave para un nuevo Acuerdo Estatal de Vivienda para 2026-2030. Estos incluyen triplicar la financiación para vivienda pública –España tiene uno de los niveles más bajos de inversión en la OCDE– hasta alcanzar los 7.000 millones de euros.
También se propone proteger cualquier nueva vivienda pública de futuras ventas. En los últimos 45 años, dice el gobierno, se construyeron 2,4 millones de viviendas, pero la mayoría se vendió.
“El gobierno propone que los presidentes regionales se comprometan a garantizar que toda ‘vivienda financiada con dinero público mantenga permanentemente su condición de vivienda social y, por tanto, siempre ofrezca una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía’.”
El tercer pilar es la necesidad de transparencia en el mercado. Hasta ahora, los datos de compraventa en el mercado de la vivienda han sido fragmentados, parciales o directamente ocultos. Esto reduce la confianza en el mercado inmobiliario.
Adoptar una postura proactiva para aumentar el parque de vivienda asequible es algo positivo. Sin embargo, existen dudas sobre si esa es la forma más eficiente de utilizar el dinero de los contribuyentes.
Por ejemplo, ¿significa esto rechazar en el futuro una gestión más eficiente del sector privado aunque pudiera producir más viviendas y ayudar a más personas? ¿Se ha realizado alguna investigación que demuestre que un aumento directo de la inversión en vivienda sería más eficaz que ofrecer incentivos desde el sector público?
Este es el mismo gobierno que ha planteado la desastrosa propuesta de gravar con un 100 % del precio de compra a los residentes no comunitarios en la reventa de viviendas. Cualquiera en su sano juicio sería escéptico sobre sus intenciones o su capacidad para separar ideología de hechos.
Sin embargo, el tercer “pilar” de la carta –la transparencia– es válido y hace tiempo que se necesita. Durante demasiado tiempo los datos sobre precios de venta han estado ocultos en las sombras:
Finalmente, Pedro Sánchez propone acabar con el monopolio de información que poseen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las administraciones del Estado y a los ciudadanos conocer los precios reales de venta y alquiler en sus ciudades. “Solo con tal transparencia será posible diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a los ciudadanos a negociar adecuadamente el precio de sus viviendas”, argumenta.
Este es un problema que lleva décadas y ya es hora de solucionarlo. Actualmente, España carece de “una base de datos pública y fiable”, lo que significa que el mercado depende de portales privados y aproximaciones elaboradas a partir de múltiples fuentes.
Los portales privados, como Fotocasa e Idealista, solo disponen de datos de precios de oferta, no del precio final de venta.
Según el artículo de idealista.com, la propuesta de Sánchez aboga por un sistema gestionado conjuntamente en el que los datos puedan agregarse y ponerse “a disposición de los ciudadanos, universidades y del sector [inmobiliario] a través de un portal web”. Continuar “a ciegas”, señala, no es una opción.
La buena noticia es que España ya está mejorando como mercado inmobiliario transparente. El Índice Global de Transparencia Inmobiliaria 2024 (GRETI) situó a España entre los 18 principales mercados inmobiliarios del mundo. Está entre los 10 primeros de la UE.
Hacer públicos y fácilmente accesibles los datos sobre precios de venta reforzaría esta tendencia y ayudaría a generar confianza. Esto es especialmente importante en el mercado de compradores extranjeros, que representa el 19 % de la cuota de mercado. Los compradores extranjeros, incluso más que los locales, quieren transparencia –especialmente aquellos que provienen de países donde esta ya existe.
En general, la respuesta a la propuesta ha sido positiva por parte de actores y comentaristas del sector. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha indicado que el portal se comprometería a poner estos datos a disposición de los usuarios.
“En Idealista, estamos comprometidos a dar la máxima visibilidad a esta información y a añadirla a nuestros anuncios e informes tan pronto como el gobierno la haga pública.”
Sin embargo, aunque Iñareta fue positivo respecto a la propuesta, señaló que el verdadero problema sigue siendo la falta de oferta de alquiler. Y esto se debe a que el gobierno “lleva atacando sistemáticamente a los propietarios desde hace 7 años y no hay oferta de venta porque se construyen poco más de 100.000 viviendas al año, cuando harían falta al menos el triple.”
La transparencia es excelente. También lo son las buenas políticas que fomentan el desarrollo del mercado, y no aquellas que lo socavan con medidas que desincentivan la construcción de viviendas y los alquileres a largo plazo.
El compromiso de aumentar la inversión pública en vivienda social –si logra superar las complejas luchas políticas y los obstáculos burocráticos del sistema político español– sería una contribución positiva. Podría ayudar a aliviar las limitaciones de oferta, aunque el diablo está en los detalles y debemos esperar a ver cómo planean distribuir estos fondos (suponiendo que algo llegue a ponerse en marcha –un gran “si”).
Esperemos que este proceso marque la llegada de la sensatez y de propuestas positivas que mejoren el mercado. Todos los actores deberán demostrar voluntad política y un compromiso que vaya más allá de los intereses electorales. Aceptar la propuesta de establecer una base de datos central probablemente sea el primer paso más fácil y el avance más positivo en mucho tiempo.
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